¿Quieres que se acabe la discriminación que sufres por ser interino o temporal y/o reclamar la indemnización por despido?

¿Has tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, del pasado 14 de septiembre de 2016? ¿Has oído hablar sobre la más reciente por parte del Tribunal Superior de Madrid en su sentencia del pasado 5 de octubre? En ambas se rechaza la discriminación entre trabajadores fijos e interinos y se declara que estos últimos también tienen el derecho a percibir una indemnización cuando finalice su contrato.

Estas sentencias, entre otras, interpretan el principio de no discriminación en relación al trabajo de duración determinada, contenido en la directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP.

Esta directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo Marco sobre trabajo con contrato de duración determinada que figura en el anexo, el cual, en su apartado primero de  la cláusula cuarta establece que:
Por lo que respecta a las condiciones de trabajo no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.”

Hoy se cuenta con una doctrina asentada sobre su aplicación y efectos en los trabajadores públicos, ya sean personal laboral o funcionarios.

El TJUE con fecha 13 de septiembre de 2007, asunto C-307/05, del Cerro Alonso, cuyo apartado 29, y con base en dos sentencias anteriores que proscriben la aplicación restrictiva de los instrumentos sociales de protección comunitarios, establece:

En este asunto, se trataba de una trabajadora del Servicio Vasco de Salud, y el asunto principal versó sobre la comparación entre un miembro del personal estatutario temporal y un miembro del personal fijo de plantilla. Concluye el TJUE, la demandante en el procedimiento principal está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco.

Previamente el TJUE en Sentencia de 4 de julio de 2006, asunto C-212/04, ya había dicho con mayor claridad que:

“54. Para responder adecuadamente a las cuestiones planteadas, es necesario comenzar por precisar que la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican igualmente a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público.

  1. En efecto, las disposiciones de estas dos normas no contienen indicación alguna de la que pueda deducirse que su ámbito de aplicación se limita exclusivamente a los contratos de duración determinada celebrados por los trabajadores con empresarios del sector privado.”

Lo que ha sido reiterado posteriormente y complementado por la Sentencia de 8 de septiembre de 2011, asunto C-177/10, con referencia expresa a los funcionarios interinos y de carrera en los términos siguientes:

“62. En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones primera y segunda que la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco que figura en el anexo de ésta deben interpretarse en el sentido de que, por un lado, se aplican a las relaciones de servicio de duración determinada y a los contratos celebrados por los órganos de la Administración y el resto de entidades del sector público, y, por otro, exigen que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables de un Estado miembro basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de duración determinada, a menos que razones objetivas, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, de dicho Acuerdo marco, justifiquen un trato diferente.”

Concretamente al personal interino de una Comunidad Autónoma, se ha referido la Sentencia de 22 de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09,

“45. Por tanto, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C-456/09 que un miembro del personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio principal, está incluido en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco.”

En respuesta a una consulta prejudicial de un juzgado de Oviedo, el TJUE ha declarado ilegal que se niegue a un profesor interino la posibilidad de someterse al plan de evaluación docente por el que los funcionarios de carrera (con más de cinco años de antigüedad) optan a incentivos salariales. Para el Tribunal, el derecho de la UE se opone a una ley que “reserva la participación” en dicho plan a los profesores cuya relación de servicio es por tiempo indefinido.

Con estos fallos judiciales se produce una equiparación entre empleados fijos e interinos respecto a: El reconocimiento de la antigüedad, el pago de complementos salariales, la posibilidad de optar a incentivos salariales de promoción interna, y el cobro de una indemnización equivalente a 20 días de salarios por año trabajado al finalizar el contrato de trabajo que les une con una administración pública.

Una equiparación, entre temporales y fijos del sector privado, que aplica la Sala de social del Tribunal Superior de justicia del País Vasco en su sentencia del pasado día 18 de octubre de 2016 afirmando que”… no existe una justificación objetiva y razonable para que la actora no perciba la misma indemnización que la establecida para una trabajadora fija que fuera despedida por causas objetivas-productivas ya que la situación extintiva es idéntica.”

Si ha pasado menos de un año desde que finalizó tu contrato como interino/temporal,  hay muchas posibilidades de que puedas reclamar haciendo valer la aplicación del principio de no discriminación  y conseguir el pago de una indemnización.

Para saber más, ponte en contacto con nosotros y estudiaremos tu caso sin coste alguno.

ATRAPADO POR UNA HIPOTECA MULTIDIVISA: POR QUÉ LA DEMANDA JUDICIAL ES LA MEJOR SOLUCIÓN.

Hace 8 o 9 años que el empleado de la oficina bancaria te animó a contratar una hipoteca multidivisa; te dijo que era muy ventajoso para ti pues pagarías una cuota mensual baja, y en cualquier momento te dijo que podrías cambiar de divisa.

Te recomendó el yen o el franco suizo y los primeros meses después de firmar tu escritura ante notario todo iba bien.

Pero a los pocos meses la divisa escogida se revalorizo fuertemente frente al euro y tu cuota mensual empezó a subir y tu deuda también.

No entendías nada, y con el paso del tiempo, poco a poco empezaste a comprender que te habían hecho contratar, sin la debida información, sin advertir-te de los riesgos, un tipo de hipoteca con un interés referenciado a una información inaccesible para ti.

Estabas atrapado y a pesar de pagar con dificultades tus cuotas mensuales en todos estos años, el importe de tu deuda había crecido (y mucho) con respecto a la figuraba en tu contrato hipotecario.

Luego supiste que si cambiabas a otra divisa, tu entidad te consolidaba antes la deuda en euro.

Estás atrapado por tu hipoteca multidivisa, y la única solución es conseguir la nulidad de las clausulas referenciadas a la opción en divisa y que tu contrato se considere desde el inicio en euro. Además, con toda probabilidad te tendrán que devolver el dinero que has pagado de más.

Es un cifra alta de muchos miles de euros, que puedes reclamar en este litigio que tienes con el banco.

No dudes: no reclamar es hacer que no se solucione nunca tu problema. Es la peor solución.

Dos son los motivos que te hace dudar en emprender una acción judicial contra la entidad bancaria: Por un lado, no hay una garantía absoluta sobre el resultado favorable de una demanda judicial, y por otro, ¿Cómo vas hacer frente al pago de nuestros honorarios?

Se están dictando cada vez más sentencias favorables a afectados por una hipoteca multidivisa, particularmente en los juzgados de la provincia de Barcelona.

Con ello se está asentando una jurisprudencia que incrementa notablemente las posibilidades de éxito de la reclamación judicial.

Por nuestra parte, nuestras demandas se fortalecen con un informe pericial en el que se señalan los riesgos del producto, las omisiones de información de la entidad bancaria, tu clasificación como cliente y el contexto financiero, junto con la tendencia de la evolución de las divisas e intereses.

El éxito de una demanda judicial depende fundamentalmente de dos factores que se dan en la gran mayoría de los casos: El banco incumplió sus deberes legales de información y el perfil de cliente tiene nulas experiencias y conocimientos sobre el funcionamiento de este tipo de productos financieros.

Solo las personas que por sus desempeños profesionales o estudios pudiesen estar muy familiarizados con estos productos (empleados de banca, agentes de bolsa…) pueden tener dificultades en que el juez estime su reclamación.

Somos conscientes de que lo que condiciona su decisión de hacer valer sus propios derechos, es la dificultad de hacer frente a los gastos de una demanda judicial. Por ello ofrecemos un presupuesto muy ajustado que incluye, además de nuestros honorarios, los que correspondan al procurador y perito que colaboran habitualmente con nosotros, junto a una forma de pago que atiende a las posibilidades de cada cliente.

Hay que recordar que si se gana la demanda y hay condena en costas, el banco pagará una parte importante de los gastos de la demanda.

Así pues, la demanda judicial es la mejor solución para librarse de la pesadilla de una hipoteca sometida a la variabilidad de una divisa extranjera que convierte en un imposible el equilibrio de la economía del consumidor.

Podemos ayudarte. Pídenos un estudio gratuito de tu contrato hipotecario.

TENGO UNA CLAUSULA SUELO ¿Y AHORA QUÉ HAGO?

Los afectados por cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios se preguntan qué hacer.

Lo hacen a raíz de las noticias que han conocido sobre la sentencia del Juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid de 7 de abril de 2016 y de las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de julio de 2016 (1).

La sentencia del mencionado juzgado, en la resolución de una demanda colectiva presentada por la asociación de usuarios de banca ADICAE, declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamos suscritos con consumidores que sean idénticas a las que se transcriben en el punto 1.3 del primer fundamento jurídico de dicha sentencia.

En este punto se puede leer el redactado de las clausulas suelo contenidas en las escrituras de 40 entidades financieras.

Así por ejemplo se recoge la del Banco Popular que dice:

“No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será del 5,00 %”.

O la de La Caixa:

“Los tipos máximo y mínimo que puede alcanzar el interés nominal anual aplicable al préstamo durante la fase sujeta a intereses variables será de nueve enteros y cincuenta centésimas de entero por ciento (9,50%) y de cuatro enteros por ciento (4%) respectivamente”.

Para el lector y posible afectado por una cláusula suelo, es conveniente aclarar que, “idéntica” no significa que el texto sea igual a una de las que recoge la sentencia, sino que sean sustancialmente iguales en su contenido y efecto al limitar la variabilidad del tipo de interés.

La juez condena a las entidades bancarias demandadas a eliminar las cláusulas suelo y a devolver a los consumidores perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de la mencionada cláusula con efectos a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Al importe cobrado de más se añadirá los intereses que legalmente correspondan.

Para el Sr. Mengozzi Abogado General del Tribunal de justicia de la Unión Europea, la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas «suelo», incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con el Derecho de la Unión.

Es decir respalda la decisión del Tribunal Supremo español en su sentencia de 9 de mayo de 2013 de limitar a la fecha de la misma los efectos de la nulidad de la cláusula suelo.

Ahora solo nos falta por conocer, en los próximos meses, la decisión de Tribunal de justicia de la Unión Europea respecto a si la nulidad de un cláusula suelo obligará a los bancos devolver todo el dinero cobrado en exceso o solo desde el 9 de mayo de 2013.

Este es el momento procesal de la cláusula suelo y el afectado se pregunta qué hacer.

Sin ninguna duda debe, si aun no lo ha hecho, empezar por pedir a su banco que le deje de aplicar la cláusula, que la elimine para siempre y le devuelva el dinero cobrado de más.

Si la entidad en cuestión no se aviene a llegar a un acuerdo, entonces será necesario presentar una demanda judicial.

No debe esperar más.

Con nuestra ayuda, consistente en un previo estudio de su caso y una evaluación gratuita de su contrato hipotecario, solo deberá pagar nuestros servicios en caso de que consigamos una solución parcial o total a su reclamación.

(1)

Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid – Procedimiento Ordinario 471/2010

Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15

EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL, UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EL DEUDOR DE BUENA FE.

La crisis económica que se inicio en el año 2007 ha provocado que muchas personas y familias hayan pasado de una situación de sobreendeudamiento a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones.

Los ingresos, si los tienen, no les permiten hacer frente al pago de los gastos ordinarios correspondientes a las cuotas de devolución del préstamo hipotecario, de los recibos de la luz del agua o de la comunidad de propietario.

Estos deudores de buena fe se merecen una segunda oportunidad.

Cancelar todas sus deudas, partir desde de cero para tener un nuevo proyecto de vida.

La Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que reproduce sustancialmente el contenido del Real Decreto Ley de 27 de febrero de 2015, atiende por fin a la necesidad de ofrecer a los particulares de unos instrumentos para la cancelación parcial o total de sus deudas cuando se encuentren en situaciones de insolvencia.

Esta norma ofrece unos mecanismos que se inician con el intento de un acuerdo extrajudicial y, en caso de fracaso, continua con un procedimiento judicial en el que deudor verá liquidado todo su patrimonio.

Veamos a continuación respecto al deudor no empresario las fases y plazos del acuerdo extrajudicial.

El deudor cumplimenta la “solicitud notario de turno para nombramiento de mediador concursal” y la entrega al colegio de notarios de Catalunya.

EL notario designado, con despacho en la localidad del deudor, podrá (1):

– Requerír que se complete o aclare la información de la solicitud.

– Comunicar al juzgado la apertura de las negociaciones para la declaración del concurso.

– Asumir las funciones de mediador, en un plazo de 5 días, o designar uno .El deudor puede expresamente solicitar el nombramiento de un mediador lo que impedirá que el notario pueda asumir esta función.

El mediador designado dispone de 5 días para aceptar el cargo.

Convocatoria de la reunión entre deudor y acreedores para el acuerdo extrajudicial.

– Si el notario hace de mediador el plazo para convocar la reunión es de 15 días desde la fecha de la solicitud.

– Si se ha designado mediador el plazo es de 10 días desde la fecha de la aceptación del cargo.

– La reunión deberá celebrase en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de su convocatoria.

El mediador, con la conformidad del deudor, redacta una propuesta de acuerdo que hará llegar a los acreedores con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de celebración de la reunión. La propuesta podrá recoger algunas de las medidas siguientes:(2)

a) Esperas por un plazo no superior a diez años.

b) Quitas.

c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para el pago de totalidad o parte de sus créditos.

Desde recepción propuesta los acreedores disponen de 10 días para modificarla o proponer una alternativa.

En el plazo de dos meses desde la fecha de la solicitud de mediador, con acuerdo o no, deberá cerrase el procedimiento de acuerdo extrajudicial. (3)

Si no es posible alcanzar un acuerdo el mediador instará el concurso del deudor en los diez días siguientes remitiendo al juez un informe con sus conclusiones.

(1) Este procedimiento no devengara retribución arancelaria.

(2) Regla 7ª artículo 242 Bis de la Ley Concursal

(3) Articulo 242 bis.1 de la Ley Concursal