¿Quieres que se acabe la discriminación que sufres por ser interino o temporal y/o reclamar la indemnización por despido?

¿Has tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, del pasado 14 de septiembre de 2016? ¿Has oído hablar sobre la más reciente por parte del Tribunal Superior de Madrid en su sentencia del pasado 5 de octubre? En ambas se rechaza la discriminación entre trabajadores fijos e interinos y se declara que estos últimos también tienen el derecho a percibir una indemnización cuando finalice su contrato.

Estas sentencias, entre otras, interpretan el principio de no discriminación en relación al trabajo de duración determinada, contenido en la directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP.

Esta directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo Marco sobre trabajo con contrato de duración determinada que figura en el anexo, el cual, en su apartado primero de  la cláusula cuarta establece que:
Por lo que respecta a las condiciones de trabajo no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.”

Hoy se cuenta con una doctrina asentada sobre su aplicación y efectos en los trabajadores públicos, ya sean personal laboral o funcionarios.

El TJUE con fecha 13 de septiembre de 2007, asunto C-307/05, del Cerro Alonso, cuyo apartado 29, y con base en dos sentencias anteriores que proscriben la aplicación restrictiva de los instrumentos sociales de protección comunitarios, establece:

En este asunto, se trataba de una trabajadora del Servicio Vasco de Salud, y el asunto principal versó sobre la comparación entre un miembro del personal estatutario temporal y un miembro del personal fijo de plantilla. Concluye el TJUE, la demandante en el procedimiento principal está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco.

Previamente el TJUE en Sentencia de 4 de julio de 2006, asunto C-212/04, ya había dicho con mayor claridad que:

“54. Para responder adecuadamente a las cuestiones planteadas, es necesario comenzar por precisar que la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican igualmente a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público.

  1. En efecto, las disposiciones de estas dos normas no contienen indicación alguna de la que pueda deducirse que su ámbito de aplicación se limita exclusivamente a los contratos de duración determinada celebrados por los trabajadores con empresarios del sector privado.”

Lo que ha sido reiterado posteriormente y complementado por la Sentencia de 8 de septiembre de 2011, asunto C-177/10, con referencia expresa a los funcionarios interinos y de carrera en los términos siguientes:

“62. En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones primera y segunda que la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco que figura en el anexo de ésta deben interpretarse en el sentido de que, por un lado, se aplican a las relaciones de servicio de duración determinada y a los contratos celebrados por los órganos de la Administración y el resto de entidades del sector público, y, por otro, exigen que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables de un Estado miembro basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de duración determinada, a menos que razones objetivas, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, de dicho Acuerdo marco, justifiquen un trato diferente.”

Concretamente al personal interino de una Comunidad Autónoma, se ha referido la Sentencia de 22 de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09,

“45. Por tanto, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C-456/09 que un miembro del personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio principal, está incluido en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco.”

En respuesta a una consulta prejudicial de un juzgado de Oviedo, el TJUE ha declarado ilegal que se niegue a un profesor interino la posibilidad de someterse al plan de evaluación docente por el que los funcionarios de carrera (con más de cinco años de antigüedad) optan a incentivos salariales. Para el Tribunal, el derecho de la UE se opone a una ley que “reserva la participación” en dicho plan a los profesores cuya relación de servicio es por tiempo indefinido.

Con estos fallos judiciales se produce una equiparación entre empleados fijos e interinos respecto a: El reconocimiento de la antigüedad, el pago de complementos salariales, la posibilidad de optar a incentivos salariales de promoción interna, y el cobro de una indemnización equivalente a 20 días de salarios por año trabajado al finalizar el contrato de trabajo que les une con una administración pública.

Una equiparación, entre temporales y fijos del sector privado, que aplica la Sala de social del Tribunal Superior de justicia del País Vasco en su sentencia del pasado día 18 de octubre de 2016 afirmando que”… no existe una justificación objetiva y razonable para que la actora no perciba la misma indemnización que la establecida para una trabajadora fija que fuera despedida por causas objetivas-productivas ya que la situación extintiva es idéntica.”

Si ha pasado menos de un año desde que finalizó tu contrato como interino/temporal,  hay muchas posibilidades de que puedas reclamar haciendo valer la aplicación del principio de no discriminación  y conseguir el pago de una indemnización.

Para saber más, ponte en contacto con nosotros y estudiaremos tu caso sin coste alguno.

ATRAPADO POR UNA HIPOTECA MULTIDIVISA: POR QUÉ LA DEMANDA JUDICIAL ES LA MEJOR SOLUCIÓN.

Hace 8 o 9 años que el empleado de la oficina bancaria te animó a contratar una hipoteca multidivisa; te dijo que era muy ventajoso para ti pues pagarías una cuota mensual baja, y en cualquier momento te dijo que podrías cambiar de divisa.

Te recomendó el yen o el franco suizo y los primeros meses después de firmar tu escritura ante notario todo iba bien.

Pero a los pocos meses la divisa escogida se revalorizo fuertemente frente al euro y tu cuota mensual empezó a subir y tu deuda también.

No entendías nada, y con el paso del tiempo, poco a poco empezaste a comprender que te habían hecho contratar, sin la debida información, sin advertir-te de los riesgos, un tipo de hipoteca con un interés referenciado a una información inaccesible para ti.

Estabas atrapado y a pesar de pagar con dificultades tus cuotas mensuales en todos estos años, el importe de tu deuda había crecido (y mucho) con respecto a la figuraba en tu contrato hipotecario.

Luego supiste que si cambiabas a otra divisa, tu entidad te consolidaba antes la deuda en euro.

Estás atrapado por tu hipoteca multidivisa, y la única solución es conseguir la nulidad de las clausulas referenciadas a la opción en divisa y que tu contrato se considere desde el inicio en euro. Además, con toda probabilidad te tendrán que devolver el dinero que has pagado de más.

Es un cifra alta de muchos miles de euros, que puedes reclamar en este litigio que tienes con el banco.

No dudes: no reclamar es hacer que no se solucione nunca tu problema. Es la peor solución.

Dos son los motivos que te hace dudar en emprender una acción judicial contra la entidad bancaria: Por un lado, no hay una garantía absoluta sobre el resultado favorable de una demanda judicial, y por otro, ¿Cómo vas hacer frente al pago de nuestros honorarios?

Se están dictando cada vez más sentencias favorables a afectados por una hipoteca multidivisa, particularmente en los juzgados de la provincia de Barcelona.

Con ello se está asentando una jurisprudencia que incrementa notablemente las posibilidades de éxito de la reclamación judicial.

Por nuestra parte, nuestras demandas se fortalecen con un informe pericial en el que se señalan los riesgos del producto, las omisiones de información de la entidad bancaria, tu clasificación como cliente y el contexto financiero, junto con la tendencia de la evolución de las divisas e intereses.

El éxito de una demanda judicial depende fundamentalmente de dos factores que se dan en la gran mayoría de los casos: El banco incumplió sus deberes legales de información y el perfil de cliente tiene nulas experiencias y conocimientos sobre el funcionamiento de este tipo de productos financieros.

Solo las personas que por sus desempeños profesionales o estudios pudiesen estar muy familiarizados con estos productos (empleados de banca, agentes de bolsa…) pueden tener dificultades en que el juez estime su reclamación.

Somos conscientes de que lo que condiciona su decisión de hacer valer sus propios derechos, es la dificultad de hacer frente a los gastos de una demanda judicial. Por ello ofrecemos un presupuesto muy ajustado que incluye, además de nuestros honorarios, los que correspondan al procurador y perito que colaboran habitualmente con nosotros, junto a una forma de pago que atiende a las posibilidades de cada cliente.

Hay que recordar que si se gana la demanda y hay condena en costas, el banco pagará una parte importante de los gastos de la demanda.

Así pues, la demanda judicial es la mejor solución para librarse de la pesadilla de una hipoteca sometida a la variabilidad de una divisa extranjera que convierte en un imposible el equilibrio de la economía del consumidor.

Podemos ayudarte. Pídenos un estudio gratuito de tu contrato hipotecario.

TENGO UNA CLAUSULA SUELO ¿Y AHORA QUÉ HAGO?

Los afectados por cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios se preguntan qué hacer.

Lo hacen a raíz de las noticias que han conocido sobre la sentencia del Juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid de 7 de abril de 2016 y de las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de julio de 2016 (1).

La sentencia del mencionado juzgado, en la resolución de una demanda colectiva presentada por la asociación de usuarios de banca ADICAE, declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamos suscritos con consumidores que sean idénticas a las que se transcriben en el punto 1.3 del primer fundamento jurídico de dicha sentencia.

En este punto se puede leer el redactado de las clausulas suelo contenidas en las escrituras de 40 entidades financieras.

Así por ejemplo se recoge la del Banco Popular que dice:

“No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será del 5,00 %”.

O la de La Caixa:

“Los tipos máximo y mínimo que puede alcanzar el interés nominal anual aplicable al préstamo durante la fase sujeta a intereses variables será de nueve enteros y cincuenta centésimas de entero por ciento (9,50%) y de cuatro enteros por ciento (4%) respectivamente”.

Para el lector y posible afectado por una cláusula suelo, es conveniente aclarar que, “idéntica” no significa que el texto sea igual a una de las que recoge la sentencia, sino que sean sustancialmente iguales en su contenido y efecto al limitar la variabilidad del tipo de interés.

La juez condena a las entidades bancarias demandadas a eliminar las cláusulas suelo y a devolver a los consumidores perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de la mencionada cláusula con efectos a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Al importe cobrado de más se añadirá los intereses que legalmente correspondan.

Para el Sr. Mengozzi Abogado General del Tribunal de justicia de la Unión Europea, la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas «suelo», incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con el Derecho de la Unión.

Es decir respalda la decisión del Tribunal Supremo español en su sentencia de 9 de mayo de 2013 de limitar a la fecha de la misma los efectos de la nulidad de la cláusula suelo.

Ahora solo nos falta por conocer, en los próximos meses, la decisión de Tribunal de justicia de la Unión Europea respecto a si la nulidad de un cláusula suelo obligará a los bancos devolver todo el dinero cobrado en exceso o solo desde el 9 de mayo de 2013.

Este es el momento procesal de la cláusula suelo y el afectado se pregunta qué hacer.

Sin ninguna duda debe, si aun no lo ha hecho, empezar por pedir a su banco que le deje de aplicar la cláusula, que la elimine para siempre y le devuelva el dinero cobrado de más.

Si la entidad en cuestión no se aviene a llegar a un acuerdo, entonces será necesario presentar una demanda judicial.

No debe esperar más.

Con nuestra ayuda, consistente en un previo estudio de su caso y una evaluación gratuita de su contrato hipotecario, solo deberá pagar nuestros servicios en caso de que consigamos una solución parcial o total a su reclamación.

(1)

Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid – Procedimiento Ordinario 471/2010

Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15

EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL, UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EL DEUDOR DE BUENA FE.

La crisis económica que se inicio en el año 2007 ha provocado que muchas personas y familias hayan pasado de una situación de sobreendeudamiento a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones.

Los ingresos, si los tienen, no les permiten hacer frente al pago de los gastos ordinarios correspondientes a las cuotas de devolución del préstamo hipotecario, de los recibos de la luz del agua o de la comunidad de propietario.

Estos deudores de buena fe se merecen una segunda oportunidad.

Cancelar todas sus deudas, partir desde de cero para tener un nuevo proyecto de vida.

La Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que reproduce sustancialmente el contenido del Real Decreto Ley de 27 de febrero de 2015, atiende por fin a la necesidad de ofrecer a los particulares de unos instrumentos para la cancelación parcial o total de sus deudas cuando se encuentren en situaciones de insolvencia.

Esta norma ofrece unos mecanismos que se inician con el intento de un acuerdo extrajudicial y, en caso de fracaso, continua con un procedimiento judicial en el que deudor verá liquidado todo su patrimonio.

Veamos a continuación respecto al deudor no empresario las fases y plazos del acuerdo extrajudicial.

El deudor cumplimenta la “solicitud notario de turno para nombramiento de mediador concursal” y la entrega al colegio de notarios de Catalunya.

EL notario designado, con despacho en la localidad del deudor, podrá (1):

– Requerír que se complete o aclare la información de la solicitud.

– Comunicar al juzgado la apertura de las negociaciones para la declaración del concurso.

– Asumir las funciones de mediador, en un plazo de 5 días, o designar uno .El deudor puede expresamente solicitar el nombramiento de un mediador lo que impedirá que el notario pueda asumir esta función.

El mediador designado dispone de 5 días para aceptar el cargo.

Convocatoria de la reunión entre deudor y acreedores para el acuerdo extrajudicial.

– Si el notario hace de mediador el plazo para convocar la reunión es de 15 días desde la fecha de la solicitud.

– Si se ha designado mediador el plazo es de 10 días desde la fecha de la aceptación del cargo.

– La reunión deberá celebrase en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de su convocatoria.

El mediador, con la conformidad del deudor, redacta una propuesta de acuerdo que hará llegar a los acreedores con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de celebración de la reunión. La propuesta podrá recoger algunas de las medidas siguientes:(2)

a) Esperas por un plazo no superior a diez años.

b) Quitas.

c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para el pago de totalidad o parte de sus créditos.

Desde recepción propuesta los acreedores disponen de 10 días para modificarla o proponer una alternativa.

En el plazo de dos meses desde la fecha de la solicitud de mediador, con acuerdo o no, deberá cerrase el procedimiento de acuerdo extrajudicial. (3)

Si no es posible alcanzar un acuerdo el mediador instará el concurso del deudor en los diez días siguientes remitiendo al juez un informe con sus conclusiones.

(1) Este procedimiento no devengara retribución arancelaria.

(2) Regla 7ª artículo 242 Bis de la Ley Concursal

(3) Articulo 242 bis.1 de la Ley Concursal

LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES COLECTIVAS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

¿Cómo se coordinan las acciones colectivas con las individuales, para la cesación de cláusulas abusivas, de manera que se proteja los intereses de los consumidores? Parece que no tiene sentido que cada consumidor deba acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos si lo que pide afecta a un universo de consumidores y sea razonable que las acciones colectivas deberían ser el mecanismo, pero estas no siempre dan respuesta a las expectativas individuales. La Ley de Enjuiciamiento Civil (1) nos dice que el juez puede extender la sentencia de una acción colectiva a todos los consumidores. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  entiende que la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil puede perjudicar la efectividad de los mecanismos de protección a los consumidores previstos en la normativa europea, puesto que éste no puede hacer valer de forma individual sus derechos al quedar vinculado obligatoriamente al resultado de la acción colectiva. El TJUE (2)  ha declarado ilegal la normativa española que obliga a un juez a suspender automáticamente una acción individual de un consumidor para declarar el carácter abusivo de una cláusula a la espera de que se dicte sentencia en relación a una acción colectiva ejercitada por una asociación de consumidores que se encuentre pendiente. Para el mencionado tribunal, la anterior conclusión se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que en el derecho español, si el consumidor desea adherirse a la acción colectiva, está sujeto a los motivos que pueden invocarse. Con ello pierde los derechos que tendría en una acción individual, de ser tomados en consideración todas las circunstancias que caracterizan su causa pues no podrá desvincularse de la acción colectiva. Para el TJUE, en la normativa europea, las acciones individuales y las acciones colectivas para la cesación de cláusulas abusivas tienen en el marco de la Directiva 93/13 objetos y efectos jurídicos diferentes y debería, en principio, evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias (3).

(1) Artículo 221 Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

  • 1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena. Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.
  • 2.ª Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
  • 3.ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.

2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

(2) Sentencia del TJUE de 14 de abril de 2016 en los asuntos acumulados C-381/14 y c-385/14

(3) 30 Por lo tanto, las acciones individuales y colectivas tienen, en el marco de la Directiva 93/13, objetos y efectos jurídicos diferentes, de modo que la relación de índole procesal entre la tramitación de las unas y de las otras únicamente puede atender a exigencias de carácter procesal asociadas, en particular, a la recta administración de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulación de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protección de los consumidores, tal como está prevista en la Directiva 93/13.

El banco debe demostrar que le dio al consumidor una información clara

El banco debe demostrar que le dio al consumidor una información clara, comprensible y previa a la contratación de la hipoteca multidivisa en orden a conocer su funcionamiento y sus riesgos asociados.

De acuerdo con la jurisprudencia (1) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) la llamada hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero derivado ni constituye un servicio o actividad de inversión.

La consecuencia de esta decisión del TJUE es que a este tipo de hipoteca no le es de aplicación la normativa propia de los instrumentos financieros derivados y por esto el ámbito de la Ley del Mercado de Valores. Para el TJUE el préstamo multidivisa no contiene un instrumento derivado financiero implícito en cuanto a las operaciones o actividades de cambio, pues estas se limitan a la conversión de la divisa a la moneda nacional (moneda de cambio) y no tienen otra función que servir de modalidad de ejecución de las obligaciones esenciales de pago del contrato de préstamo. Esto es una modalidad indisociable de la ejecución del contrato de préstamo.

Ello no obsta que ante una reclamación judicial de un consumidor que alega error en el consentimiento prestado y que tendrá la carga de acreditar, el banco deberá demostrar que le dio una información clara, comprensible previa a la contratación de la hipoteca multidivisa en orden a conocer su funcionamiento y sus riesgos asociados.El Tribunal supremo (en adelante TS) ha declarado en varias sentencias: la procedencia de realizar un control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores, y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución.(2)

El TS (3) señala que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla de acuerdo con el art 4.2 de la Directiva 1993/13 de la Comunidad Europea, no pueda examinarse la abusividad de su contenido. Ello no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia. Según esta misma sentencia el doble control es que además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, hay el control de transparencia, que tiene por objeto verificar que el consumidor conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado.

Así pues, en relación a las condiciones generales de un préstamo multidivisa, como lo ha declarado la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 “…la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo”.

En definitiva, el banco debe demostrar que la información que facilito a sus clientes les permitió, en el momento de celebrar el contrato hipotecario, conocer los riesgos inherentes al mecanismo multidivisa, y muy especialmente el riesgo de tipo de cambio y la posibilidad de sufrir una variación al alza de su deuda en caso de depreciación del Euro respecto a la divisa escogida.

(1) Sentencia del TJUE 3/12/2015 Asunto C-312/14

(2) Sentencia del TS 241/2013 de 9 de mayo de 2013

(3) Sentencia del TS de 21 de noviembre de 2012

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA QUE LA INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CONTROL CUANDO ES JUSTIFICADA, IDÓNEA, NECESARIA Y EQUILIBRADA, NO LESIONA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS TRABAJADORES.

Así lo afirma el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en su sentencia de 3 de marzo de 2016 al resolver una demanda de amparo de una trabajadora que fue despedida por transgresión de la buena fe contractual.

La empresa, al detectar que en la tienda y caja donde la empleada prestaba sus servicios existían múltiples irregularidades, de lo que podría desprenderse una apropiación dineraria, encargaron a una empresa de seguridad la instalación de una cámara de video vigilancia que controlara la caja.

La cámara se instaló, no comunicando a los trabajadores dicha instalación, si bien, en un lugar visible del establecimiento, se colocó el distintivo informativo.

Para el tribunal, a tenor de los arts. 33 y 38 de la Constitución (1) y del art 20.3 de Estatuto de los Trabajadores (2) que faculta alempresario a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones laborales guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de video vigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto que son el derecho a la protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de dirección empresarial.

Por todo ello serán las circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si el control llevado a cabo por la empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego.

EL TC, de conformidad con pronunciamientos anteriores (3), señala que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

A tal efecto es necesario constatar si la medida adoptada cumple los tres requisitos siguientes:

  1.  Conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).
  2.  Necesaria al no existir otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad).
  3.  Ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

El TC resuelve que la medida de instalación de cámaras de seguridad al ser una medida justificada (ya que existían razonables sospechas que se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa; necesaria (ya que serviría de prueba de tales irregularidades), y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), no ha producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal establecido en el art. 18.1 de la Constitución (4).

(1)Artículo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. (2) Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral. 3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.(3) SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8.(4) Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

LA ABUSIVIDAD DE LAS CLAUSULAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO E INTERESES MORATORIOS.

El Tribunal Supremo (en adelante TS) en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, se pronuncia sobre la abusividad de cláusulas de vencimiento anticipado, interés moratorio y gastos a cargo del cliente incluidas en contratos hipotecarios.

Respecto a los intereses moratorios en los préstamos hipotecarios el TS reitera la doctrina fijada en su sentencia 265/2015, de 22 de abril para los préstamos personales. El incremento de dos puntos porcentuales previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), para la fijación del interés de mora procesal, es el criterio más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores y no el que determina el Art. 114.3 de la Ley Hipotecaria, que no puede servir como derecho supletorio tras la declaración de abusividad de una cláusula de interés moratorio.

Para llegar a esta decisión el TS cita el auto del Tribunal de la Unión Europea (en adelante TJUE) de 11 de junio de 2015 y su Sentencia 265/2015 para afirmar”(…) que el límite cuantitativo del citado precepto de la Ley Hipotecaria no tiene como función servir de pauta al control judicial de las cláusulas abusivas, sino fijar criterio para un control previo del contenido de la cláusula, en vía notarial y registral, de modo que las condiciones generales que excedan de dicho límite, ni siquiera tengan acceso al documento contractual, ni en su caso resulten inscritas. Así como también constituir un óbice para el planteamiento de demandas en que se pida el cumplimiento forzoso del contrato de préstamo o se ejecute la garantía, en las que no se podrá reclamar un interés moratorio superior al indicado tope legal.”

De conformidad con las sentencias del tribunal de la unión europea en aplicación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva a fin de que esta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma, debiendo subsistir el contrato, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas de Derecho interno, tal persistencia sea jurídicamente posible.

Respecto a los efectos derivados de la declaración de abusividad de una cláusula de intereses moratorios, la nulidad afectará al exceso respecto del interés remuneratorio pactado.

Es decir que, si se declara abusiva la clausula de intereses moratorios, la entidad bancaria sólo podrá cobrar el interés remuneratorio ordinario establecido en el contrato como indemnización por el retraso en el cumplimiento del deudor.

La cláusula declarada nula es la siguiente: “Las obligaciones dinerarias de la parte prestataria, dimanantes de este contrato, vencidas y no satisfechas, devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento alguno y sin perjuicio de la facultad de vencimiento anticipado atribuida al Banco en la Cláusula 6ª bis, un interés de demora del 19% NOMINAL ANUAL, calculado y liquidable por meses naturales o fracción en su caso y siempre por periodos vencidos. Los intereses vencidos y no satisfechos devengarán y se liquidarán en igual forma nuevos intereses al tipo de interés moratorio aquí establecido. Las cantidades resultantes como intereses de demora se considerarán firmes en el momento en que se perciban, sin perjuicio del derecho del Banco a exigir los intereses moratorios devengados hasta cada momento, y quedarán garantizadas exclusivamente con cargo a la cantidad máxima consignada en el apartado b) de la cláusula 9ª”.

En relación a la cláusula de vencimiento anticipado, el TS no niega lavalidez de la misma siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podrá aplicar no dejándolo al arbitrio del prestamista, en contra de lo establecido por el Art. 1256 del Código Civil y cita sus sentencias de 2 de enero de 2006, 4 de junio de 2008, 12 de diciembre de 2008 o 16 de diciembre de 2009.

La cláusula cuestionada dice: “(…) No obstante el plazo pactado, el BANCO podrá exigir anticipadamente, total o parcialmente, la devolución del capital con los intereses y gastos hasta el día de la completa solvencia, en los siguientes casos: a) Falta de pago en sus vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses.”El TS declara que la cláusula controvertida no supera los estándares establecidos por el TJUE, en su sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 ,en el apartado 73, “(…) pues aunque pueda ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual (Art. 693.3, párrafo 2, de la LEC, en redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.”

La abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que resulta nula e inaplicable, proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita. Respecto a los efectos de la declaración de nulidad, el tribunal nos recuerda que la legislación otorga al deudor hipotecario un conjunto de ventajas específicas en vía ejecutiva.

El Art. 693.3 de la LEC reconoce al deudor una serie de remedios enervatorios de la ejecución, bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora, o bien tratándose de vivienda habitual, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades antes reseñadas. Así mismo cita las previsiones de los Arts. 579 y 682.2.1ª de la LEC.

Estas, específicamente previstas a favor del deudor hipotecario que señala el TS cuando la ejecución se conduce por la vía del procedimiento específico de los Arts. 681 y siguientes de la LEC, que no resultarían aplicables en el juicio declarativo. Por todo ello, el TS resuelve que procede la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria, en todos aquellos supuestos en que se declare abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el artículo 693.2 de la LEC. “Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses (…)”.El Magistrado Sr. Orduña Moreno en su voto particular, no cuestiona el resultado de la abusividad declarada, y entiende que el planteamiento metodológico realizado por la mayoría de la Sala resulta frontalmente contraria a la doctrina jurisprudencial del TJUE y, en especial, a la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 (C-26/13), que solo autoriza excepcionalmente la integración de la cláusula abusiva, por una disposición supletoria del Derecho nacional (caso del artículo 693.2 LEC), cuando dicha integración, conforme a la finalidad y efecto disuasorio perseguidos por la Directiva 93/13/CEE y afectante a un elemento esencial del contrato principal, permita la subsistencia de éste sólo en beneficio de los intereses del consumidor adherente. Para el Magistrado la integración que realiza la sentencia (sustitución de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por la aplicación del artículo 693.2 de la LEC) sólo opera en beneficio exclusivo y excluyente de la entidad bancaria y por ello se muestra contrario a la procedencia en estos casos de la continuidad del proceso de ejecución.

La continuidad o no del proceso de ejecución es de enorme trascendencia para los afectados. La solidez de los argumentos, del autor de voto particular, hace prever que desde un juzgado, una vez apreciada la nulidad de la cláusula de ejecución hipotecaria y antes de decidir si procede o no la continuidad del proceso de ejecución, se pida al TJUE que se pronuncie.

HIPOTECAS: LAS ESCRITURAS DE LOS CONTRATOS HIPOTECARIOS ESTAN LLENAS DE CLAUSULAS ABUSIVAS

Durante la vida de las hipotecas la cuota mensual implica pagar una parte de intereses y otra de capital.

El interés que se paga puede ser fijo o variable.

Si es variable, se determina en función de un determinado tipo que se toma como referente y que generalmente es el euribor.

Muchas entidades bancarias, en sus contratos de préstamos hipotecarios, han incluido una cláusula que limita la bajada de tipo de interés que debe de pagar el cliente.

Esta cláusula llamada “cláusula suelo” en la práctica impide que el cliente pueda aprovecharse de las bajadas del euribor.

Así, es frecuente encontrar un redactado en el que se limita la bajada del interés por debajo del 3,5% y que suba por encima del 12%.

El Tribunal Supremo ha declarado que este tipo de cláusulas de las que el consumidor no ha recibido una información transparente son abusivas.*

Las entidades bancarias están dejando de aplicar estas cláusulas, pero no han devuelto lo que el cliente ha pagado de más ni han recalculado que se ha pagado de capital.

Si se anula la cláusula suelo, se pagan menos intereses, y eso repercute también en la amortización de la hipoteca (la parte de capital principal que se paga), que es mayor.

Pídenos una primer entrevista, gratuita, en la que después de valorar tu contrato te informaremos como puedes reclamar y hacer valer los derechos que tienes como consumidor.

*Además de las cláusulas suelo pueden ser abusivas determinadas cláusulas sobre interés de demora, multidivisas etc.

La hipoteca multidivisa es un instrumento financiero derivado

Es una buena noticia, para los afectados por las hipotecas multidivisas que desean reclamar la nulidad de esta cláusula, la sentencia de fecha 30 de junio de 2015 del Tribunal Supremo TS que califica la hipoteca multidivisas como producto complejo, como un instrumento financiero derivado lo cual conlleva un especial deber de información de la entidad financiera respecto a su cliente.*

Un deber de información, que si se incumple, refuerza las posibilidades de conseguir una sentencia favorable del que reclama la nulidad de esta cláusula alegando el error en el consentimiento.

Con este pronunciamiento el TS resuelve las divergentes opiniones manifestadas hasta ahora por juzgados de primera instancia respecto a la naturaleza compleja o no de una hipoteca referenciada a una moneda extranjera.

Nuestro Código Civil establece que será nulo el consentimiento prestado por error y para que este invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrario, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a cerebrarlo.

De igual modo, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de diciembre de 2.009, también es posible apreciar la concurrencia de error como vicio de consentimiento “en relación con una actuación omisiva de ocultación o falta de información a la otra parte de determinadas circunstancias que hubieran podido llevarle a no celebrar el contrato en caso de haberlas conocido.

Repito es una buena noticia para los afectados por este tipo de producto que quieran pedir ante los la nulidad parcial de de tipo de contrato.

Si es su caso pida una entrevista, gratuita, en la que analizaremos que posibilidades tiene de conseguir librarse de una impagable hipoteca multidivisa.

 

*El TS afirma que esta modalidad de préstamo supone una dificultad añadida para que el cliente se haga una idea cabal de la correlación entre el activo financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible fluctuación del valor del activo adquirido se añade la fluctuación del pasivo contraído para adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, ligada a un índice de referencia inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las divisas, de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los inmuebles adquiridos en España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más utilizadas en estas “hipotecas multidivisa” se han apreciado, por lo que los prestamistas deben abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora una cantidad en euros mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotecario, absolutamente desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la suscripción de este tipo de préstamos. El TS califica la hipoteca multidivisa como un instrumento financiero derivado por cuanto que la cuantificación de la obligación de una de las partes del contrato (el pago de las cuotas de amortización del préstamo y el cálculo del capital pendiente de amortizar) depende de la cuantía que alcance otro valor distinto, denominado activo subyacente, que en este caso es una divisa extranjera.