EL SEGURO DE UN VEHÍCULO DEBE CUBRIR LOS DAÑOS QUE ESTE CAUSE CUANDO ESTE APARCADO.

Un vehículo que llevaba más de 24 horas estacionado en el garaje privado de un inmueble comenzó a arder, causando daños. El incendio se originó en el circuito eléctrico del vehículo. El propietario del vehículo tenía concertado un seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles con Línea Directa Aseguradora, S.A. («Línea Directa»). El inmueble estaba asegurado con Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros («Segurcaixa»), que abonó a la sociedad propietaria del inmueble una indemnización de 44 704,34 euros por los daños causados en éste por el incendio del vehículo.

Meses más tarde Segurcaixa interpuso demanda contra Línea Directa para que fuese condenada a reembolsarle la indemnización que había abonado, por considerar que el siniestro había tenido su origen en un hecho de la circulación cubierto por el seguro de responsabilidad civil del vehículo.

La demanda después de ser desestimada por un juzgado de primera instancia fue estimada  por la Audiencia Provincial condenando a Línea Directa a abonar a Segurcaixa el importe solicitado.

La decisión de la Audiencia se basó en una interpretación amplia del concepto “hecho de la circulación” que le llevó a la conclusión de que es hecho de la circulación “el incendio de un vehículo estacionado de forma no permanente por su propietario en una plaza de garaje, cuando la combustión obedezca a causas intrínsecas al vehículo sin que concurra la interferencia del acto de un tercero”.

Línea Directa interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que, al albergar dudas acerca de la interpretación del concepto de «circulación de vehículos» recogido en la Directiva europea relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, decidió plantear varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”).

El 20 de junio de 2019 el TJUE dictó la sentencia que resolvió la cuestión prejudicial planteada.

En la misma recordó que en sentencias anteriores había declarado que:

El concepto de “circulación de vehículos” que figura en la Directiva no se limita a las situaciones de circulación vial, es decir, de circulación por la vía pública, y que incluye cualquier utilización de un vehículo que sea conforme con su función habitual”.

Fotografía Diario Lasprovincias.es

“De ello se sigue que el alcance del concepto de “circulación de vehículos“, en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103, no depende de las características del terreno en el que se utilice el vehículo ni, en particular, de la circunstancia de que el vehículo esté inmovilizado en un aparcamiento en el momento de producirse el accidente”.

“En estas circunstancias, ha de considerarse que el estacionamiento y el período de inmovilización del vehículo son estadios naturales y necesarios que forman parte integrante de su utilización como medio de transporte.

En consecuencia, un vehículo se utiliza conforme a su función de medio de transporte cuando está en movimiento, pero también, en principio, mientras se encuentra estacionado entre dos desplazamientos”.

“El hecho de que el vehículo llevase más de 24 horas estacionado en el garaje no desvirtúa esta conclusión. En efecto, el estacionamiento de un vehículo presupone su inmovilización, en ocasiones durante un período prolongado, hasta el siguiente desplazamiento”.

Por todo lo anterior el TJUE resuelve que:

“El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de “circulación de vehículos” que figura en esta disposición una situación, como la del litigio principal, en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble y utilizado conforme a su función de medio de transporte comenzó a arder, provocando un incendio que se originó en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, aun cuando el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio”.

Amèrico Ologaray Orti

¿COMO HACER VALER NUESTROS DERECHOS DE CONSUMIDORES EN LAS COMPRAS EFECTUADAS POR COMERCIO ELECTRÓNICO?

Cada vez son más los consumidores que compran productos o contratan servicios mediante el llamado comercio electrónico.

Uno de sus atractivos es la comodidad de hacerlo desde cualquier lugar, día y hora.

Ahora bien esta compra a distancia dificultad y a veces hace imposible que el consumidor pueda comprobar si el bien o el servicio que adquiere responde realmente a lo que quiere.

Puede surgir entonces que tenga que reclamar bien por disconformidad con el producto adquirido o bien por resultar defectuoso el servicio que ha contratado.

Como consumidores queremos hacer valer nuestros derechos.

El texto refundido de la Ley General para la protección de los Consumidores y Usuarios, en adelante TRLGDCU, nos concede como consumidor una serie de derechos muy importantes.
Uno de los más relevantes es el derecho de desistimiento regulado entre otros por
los artículos 68, 101 y 102 de la TRLGDCU.

Este derecho de desistimiento es la facultad que tiene el consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
Para hacerlo disponemos de un plazo de 14 días naturales ampliable a 12 meses, ver los artículos 104 y 105  de la TRLGDCU, si el proveedor no ha facilitado la información oportuna al respecto.

Antes de hacerlo es preciso verificar que la tipología de nuestra compra no esté recogida en el artículo 103 de la TRLGDCU entre las que no les aplicable este ejercicio del derecho de desistir.

Entre otros no se podrá desistir si se trata de la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero, el suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez o de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.

Si solo se desea reclamar y no dejar sin efecto la compra del bien o servicio debemos ponernos en contacto con los servicios de atención al cliente del proveedor y comunicar nuestra reclamación.

Si con este trámite no conseguimos resolver nuestra reclamación podemos dirigirnos ante la oficina de consumidor municipal o acudir a algún mecanismo de ejecución extrajudicial de conflicto.

Finalmente  si estos mecanismos no solucionan nuestra reclamación podemos instar la acción correspondiente ante la jurisdicción civil.

vodafone debe informar a sus clientes de la abusividad del cobro por el desbloqueo del terminal.

viernes, 26 de octubre de 2018

Un Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ordena a Vodafone publicar las sentencias que condenan a la compañía a devolver a los clientes la cláusula abusiva que les cobró por el desbloqueo de terminales

El Ministerio fiscal calcula que hay más de medio millón de afectados

 

Autor Comunicación Poder Judicial

 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha emitido este mes un edicto de publicación con el objetivo de que Vodafone dé a conocer a los afectados las sentencias firmes que declaran nulas por abusivas las condiciones generales que aplicó la compañía en la contratación sobre desbloqueo de terminales. Los fallos fueron dictados, en primera y segunda instancia, en noviembre de 2016 y en marzo de 2018.

El Ministerio fiscal promovió en 2016 la demanda colectiva por el cobro, primero de seis euros más IVA; y, a partir de julio de 2013, de ocho euros más IVA, por la liberación de teléfonos a usuarios que ya habían terminado sus contratos. La Fiscalía estima que Vodafone cobró indebidamente a más de medio millón de clientes.

El edicto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña especifica que, ante la imposibilidad de determinar de forma individual a los consumidores que, “conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiarios por la condena”, los afectados que deseen reclamar el reintegro del dinero deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Audiencia Provincial de A Coruña en la sentencia, que son: haber contratado con Vodafone (antes Airtel), tanto en la modalidad de prepago como pospago, conforme a las cláusulas que se declaran nulas por abusivas y que entraron en vigor en agosto de 2012; y justificar el abono de la cantidad exigida por la demandada para proceder al desbloqueo del terminal. Los fallos son firmes, por lo que los clientes ya pueden presentar demandas de ejecución.

El fallo de la Audiencia de A Coruña ordena a Vodafone “cesar” en el uso de las cláusulas abusivas, “no solo suprimiéndolas en los nuevos contratos, sino también eliminándolas de los que tenga concertados y las contengan”.

La compañía, como consecuencia de las resoluciones judiciales, no podrá negarse a liberalizar el teléfono ni cobrar “cantidad alguna” por hacerlo en aquellos casos “en que haya concluido el periodo de permanencia o, en caso de que se resuelva el contrato antes de su finalización, cuando el cliente haya abonado la cláusula penal establecida o esté cumpliendo las obligaciones derivadas de su contrato”. El usuario, por tanto, debe tener “la posibilidad de usar libremente el terminal”.

 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE VODAFONE.

 

La Audiencia Provincial de A Coruña en su sentencia de 4 de marzo de 2018 ha declarado la nulidad, por abusivas, de determinadas cláusulas contractuales de la compañía Vodafone.

El fallo emitido da la razón a la demanda colectiva presentada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España y a la acción de nulidad de las condiciones generales de la contratación ejercitada por el Ministerio Fiscal.

 

El tribunal aplicando los parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013, en relación a la cláusula suelo, entiende que de conformidad con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC)  las cláusulas contractuales de la empresa pueden ser objeto de control de incorporación y de acuerdo con el artículo 5.5 de la misma su redacción debe de ajustarse a los  criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

Así mismo a tenor de lo establecido por el artículo 7 de  la LCGC no quedarán incorporadas al contrato las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato y  las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

La Audiencia Provincial declara la nulidad de la siguiente cláusula:

“En caso de que el cliente adquiera un terminal asociado al servicio de Vodafone su uso estará limitado a dicho servicio. En el supuesto de que el cliente estuviera interesado en desbloquear el terminal deberá seguir el procedimiento de desbloqueo de terminal vigente en cada momento y publicado en www.vodafone.es”.

la Audiencia Provincial resuelve que la cláusula carece de transparencia y produce un desequilibrio en la recíprocas prestaciones de las partes en tanto en cuanto impone la limitación técnica a los teléfonos y condena a VODAFONE a eliminar las condiciones generales de dicha cláusula y se abstenga de utilizarla en lo sucesivo.

También declara como nula la condición general concretada en el punto 8 (desbloqueo de terminales) en el que prevé el cobro de una cantidad al cliente por liberalizar los terminales móviles una vez concluido el periodo de permanencia pactado o, con anterioridad, siempre que se haya abonado por el cliente la penalización estipulada o el cliente esté cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato por tanto no podrá ser incorporada al contrato.

El tribunal determina la cesación en el uso de esta clausula y para que pueda beneficiarse de esta sentencia cualquier usuario de Vodafone especifica los datos , características y requisitos necesarios para poder exigir el pago, y en su caso instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la parte demandante.

 

“a) Las personas físicas, o sus causahabientes, que ostentando la condición de consumidor, hubiesen contratado con la demandada VODAFONE (antes Airtel), tanto en la modalidad de prepago, como pospago, conforme a las cláusulas que se declaran nulas, por abusivas, que entraron en vigor en agosto y noviembre de 2012.

  1. b) Que justifiquen el abono de la cantidad exigida por la demandada (6 euros + Iva desde julio de 2013, 8 euros + Iva), para proceder al desbloqueo del terminal que les había facilitado la demandada, en razón de las referidas cláusulas.
  2. c) Que no hayan sido ya devueltas por la demandada las cantidades referidas con anterioridad”.

 

Esta sentencia si bien aun no es firme es una buena noticia para los consumidores.

El contrato objeto del litigio, cómo todos los de consumo, es un contrato de adhesión.

El consumidor no puede influir en la fijación de su contenido contractual pues la empresa, el predisponente, no lo permite y por ello “lo toma o lo deja”.

Este contexto pueda dar, como en el caso de Vodafone, a cláusulas abusivas con una regulación desequilibrada en perjuicio del cliente.

 

Si tu contrato recoge la cláusula declarada nula puedes reclamar y hacer valer tus derechos.