ACABAR CON LAS DEUDAS.ES POSIBLE CONSIGUIENDO LA EXONERACIÓN PLENA DE LAS QUE NO SE HAN PODIDO PAGAR.



La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 2 de julio de 2019 que resuelve el recurso de casación presentado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto a la exoneración del pasivo insatisfecho para un deudor que se acogió a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy importante al clarificar la aplicación de la norma a las deudas públicas.

Para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer lugar que, con carácter general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1º, 2º y 3º del apartado 3 del art. 178 bis de la Ley Concursal (en adelante LC) que son las siguientes:

  1. El concurso no haya sido calificado culpable.
  2. El deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales.
  3. Y se hubiera acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso.

Cumpliendo con estos requisitos y en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4º o la exoneración en cinco años del ordinal 5º.

La exoneración que puede ser inmediata o en cinco años se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a la satisfacción de un reembolso parcial de la deuda.

Respecto al apartado 6 del artículo 178 bis de la Ley Concursal el tribunal declara:

La norma contiene una contradicción, pues prevé un plan de pagos de los créditos contra la masa y privilegiados para asegurar su pago en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y al mismo tiempo se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento del pago de sus créditos.

Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan”.

Es muy relevante esta interpretación del Tribunal Supremo.

La deuda pública no queda al margen del procedimiento Concursal lo que posibilita que el deudor quede plenamente exonerado de todo lo que debe una vez hayan pasado los 5 años del plan pago y  así poder emprender desde cero un nuevo proyecto de vida.

En definitiva tener realmente una segunda oportunidad.

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