LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES COLECTIVAS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

¿Cómo se coordinan las acciones colectivas con las individuales, para la cesación de cláusulas abusivas, de manera que se proteja los intereses de los consumidores? Parece que no tiene sentido que cada consumidor deba acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos si lo que pide afecta a un universo de consumidores y sea razonable que las acciones colectivas deberían ser el mecanismo, pero estas no siempre dan respuesta a las expectativas individuales. La Ley de Enjuiciamiento Civil (1) nos dice que el juez puede extender la sentencia de una acción colectiva a todos los consumidores. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  entiende que la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil puede perjudicar la efectividad de los mecanismos de protección a los consumidores previstos en la normativa europea, puesto que éste no puede hacer valer de forma individual sus derechos al quedar vinculado obligatoriamente al resultado de la acción colectiva. El TJUE (2)  ha declarado ilegal la normativa española que obliga a un juez a suspender automáticamente una acción individual de un consumidor para declarar el carácter abusivo de una cláusula a la espera de que se dicte sentencia en relación a una acción colectiva ejercitada por una asociación de consumidores que se encuentre pendiente. Para el mencionado tribunal, la anterior conclusión se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que en el derecho español, si el consumidor desea adherirse a la acción colectiva, está sujeto a los motivos que pueden invocarse. Con ello pierde los derechos que tendría en una acción individual, de ser tomados en consideración todas las circunstancias que caracterizan su causa pues no podrá desvincularse de la acción colectiva. Para el TJUE, en la normativa europea, las acciones individuales y las acciones colectivas para la cesación de cláusulas abusivas tienen en el marco de la Directiva 93/13 objetos y efectos jurídicos diferentes y debería, en principio, evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias (3).

(1) Artículo 221 Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

  • 1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena. Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.
  • 2.ª Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
  • 3.ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.

2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

(2) Sentencia del TJUE de 14 de abril de 2016 en los asuntos acumulados C-381/14 y c-385/14

(3) 30 Por lo tanto, las acciones individuales y colectivas tienen, en el marco de la Directiva 93/13, objetos y efectos jurídicos diferentes, de modo que la relación de índole procesal entre la tramitación de las unas y de las otras únicamente puede atender a exigencias de carácter procesal asociadas, en particular, a la recta administración de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulación de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protección de los consumidores, tal como está prevista en la Directiva 93/13.

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