EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA QUE LA INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CONTROL CUANDO ES JUSTIFICADA, IDÓNEA, NECESARIA Y EQUILIBRADA, NO LESIONA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS TRABAJADORES.

Así lo afirma el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en su sentencia de 3 de marzo de 2016 al resolver una demanda de amparo de una trabajadora que fue despedida por transgresión de la buena fe contractual.

La empresa, al detectar que en la tienda y caja donde la empleada prestaba sus servicios existían múltiples irregularidades, de lo que podría desprenderse una apropiación dineraria, encargaron a una empresa de seguridad la instalación de una cámara de video vigilancia que controlara la caja.

La cámara se instaló, no comunicando a los trabajadores dicha instalación, si bien, en un lugar visible del establecimiento, se colocó el distintivo informativo.

Para el tribunal, a tenor de los arts. 33 y 38 de la Constitución (1) y del art 20.3 de Estatuto de los Trabajadores (2) que faculta alempresario a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones laborales guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de video vigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto que son el derecho a la protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de dirección empresarial.

Por todo ello serán las circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si el control llevado a cabo por la empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego.

EL TC, de conformidad con pronunciamientos anteriores (3), señala que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

A tal efecto es necesario constatar si la medida adoptada cumple los tres requisitos siguientes:

  1.  Conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).
  2.  Necesaria al no existir otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad).
  3.  Ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

El TC resuelve que la medida de instalación de cámaras de seguridad al ser una medida justificada (ya que existían razonables sospechas que se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa; necesaria (ya que serviría de prueba de tales irregularidades), y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), no ha producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal establecido en el art. 18.1 de la Constitución (4).

(1)Artículo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. (2) Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral. 3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.(3) SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8.(4) Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

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